En un comunicado esta Plataforma alerta de que parte de los contenidos de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha pueden cercenar gravemente el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas, tal y como recoge la Constitución Española en su artículo 27. Léelo en este enlace:
Libres para Educar a Nuestros Hijos, Plataforma ciudadana de implantación en todo el territorio de Castilla-La Mancha e integrada por padres y madres, maestros y profesores, ha hecho público un comunicado en el que denuncia algunos de los contenidos de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género aprobada por las Cortes regionales el pasado mes de octubre.
Lo hace con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española, cuyo artículo 27 consagra el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y, en particular, reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas.
El comunicado parte de la necesidad de hacer frente a la lacra que supone la violencia contra las mujeres y, con carácter general, acoge favorablemente la mayor parte de las medidas que se contienen en la citada Ley autonómica, por entenderlas necesarias para reaccionar, desde diferentes ámbitos, ante distintas situaciones de desigualdad y violencia que sufren las mujeres. Sin embargo, considera que “un análisis en profundidad de algunos de sus contenidos permite llegar a la conclusión de que, de aplicarse estos hasta sus últimas consecuencias, la libertad puede verse gravemente cercenada” dado que la norma “consolida un falso binomio hombre (violento)-mujer (víctima), y se dejan de lado otras muchas causas que están en el origen de tal violencia, tales como la desestructuración de las familias o la hipersexualización de la sociedad”.
También denuncia que se incorpore esta "visión sesgada en una asignatura, obligatoria en primaria y secundaria, por entender que algunos de los contenidos de la misma (que desde el año pasado se encuentra en fase de pilotaje en una treintena de centros de la región) chocan frontalmente con el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación que se conforme con sus convicciones morales y religiosas", ha señalado la plataforma.