Por José Gabriel Vera
(Oficina de Información de la Conferencia Episcopal)
En relación con las últimas noticias publicadas sobre la investigación de abusos en la Iglesia hay algunos puntos que pueden ayudar a comprender los pasos que se están dando.
Una investigación parlamentaria fue propuesta al comienzo de la semana pasada. Desde el punto de vista legal es discutible, pues el Congreso no tiene como función controlar a la sociedad ni a las organizaciones sociales. Todas están sometidas al derecho y son supervisadas por el poder judicial. El Congreso no debe asumir unas funciones que la separación de poderes no le asigna. Esa misión está asignada en nuestro ordenamiento al poder judicial.
La deriva a una comisión de expertos o a una comisión presidida por el Defensor del Pueblo es más razonable. Quedaría por determinar el foco de la investigación. Si fuera una lacra que afecta exclusiva o mayoritariamente, en el presente o en el pasado, a la Iglesia sería comprensible que esta Comisión investigara la pederastia en la Iglesia. Sin embargo, los estudios independientes de la Fundación ANAR o el más reciente de Save the Children, dedicados a la pederastia en España, señalan que es un problema grave que afecta a toda la sociedad y se da en todos los ámbitos. Por tanto, una investigación sobre la pederastia en la Iglesia pondría el acento más en la Iglesia que en la pederastia, defendería sólo a una parte de las víctimas, a una parte del pueblo, y se olvidaría de otras víctimas que han sufrido la misma injusticia. Se crea una discriminación entre las víctimas. Víctimas de primera y víctimas de segunda.
Sobre esta cuestión, el camino de la Iglesia en España es el de una investigación que se apoya en la denuncias, la escucha y el acompañamiento reparador a las víctimas. Por eso la insistencia de la Iglesia en la necesidad de presentar denuncias. Para facilitar y acoger las denuncias se han creado oficinas de protección de menores y prevención de abusos en las diócesis, que son independientes de la Vicaría judicial (ésta se orienta a la investigación y el juicio canónico). También las congregaciones religiosas han creado servicios similares. Las víctimas son acogidas en oficinas cercanas, de las que forman parte expertos de distintos ámbitos (psicólogos, abogados, médicos, canonistas,…). En la oficina se les acoge, se les escucha, se les acompaña y se les proponen los cauces que pueden servir a su demanda concreta: la denuncia civil o canónica, el tratamiento médico o psicológico, el acompañamiento espiritual, etc. Lo que la víctima desee en función de su voluntad y de sus necesidades.
En las oficinas de atención a las víctimas se acoge a todas las víctimas, con independencia de que el cauce jurídico esté cerrado por fallecimiento del abusador o por prescripción del delito. Igualmente se acoge a la víctima con independencia de quien haya sido el agresor, pues la víctima tiene valor en sí misma, un valor infinito. La secular experiencia de acogida de la Iglesia le permite -y le obliga- a realizar esa misión con dedicación, espíritu de servicio y entrega.
Este procedimiento en relación a la investigación de abusos contra menores y de acogida a las víctimas en la Iglesia será sometido a un proceso de evaluación a propuesta del Servicio de coordinación de la CEE.
Además de las Oficinas de protección de menores, las diócesis tienen también un cauce jurídico para la investigación de los abusos. El cauce jurídico está estrechamente definido por la Santa Sede. Tiene dos partes, en el momento en que la diócesis (el obispo, el vicario judicial o la curia diocesana) reciben una denuncia por cualquier cauce, se realiza una primera investigación muy rápida sobre la verosimilitud de la denuncia. Si la denuncia es verosimil se comunica a la fiscalía, especialmente si la víctima está todavía en peligro, y se establecen las medidas cautelares necesarias sobre las actuaciones del sacerdote. Todos los datos recabados en esa primera investigación, cuando concluye, son enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. Esta Congregación es la competente para hacer el proceso penal, con la investigación del delito, el juicio de los acusados y la formulación de la sentencia.
En relación al cauce jurídico, la Conferencia Episcopal ha solicitado la unificación de toda la legislación relativa a la investigación y al juicio de los abusos cometidos por sacerdotes contra menores en un decreto general, que tendrá validez para toda la Iglesia en España. Este decreto general ha sido presentado a la Santa Sede para su convalidación y entrará en vigor en cuanto tenga lugar esa aprobación. Esto permitirá la aplicación de una sola norma en todas las con Diócesis y congregaciones religiosas de ámbito diocesano.
