- FOESSA y Cáritas proponen el Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas con el objetivo de identificar qué necesita un hogar para vivir
- Seis de cada diez hogares vulnerables han reducido el consumo de electricidad, gas o agua
- Cerca de medio millón de familias con niños han dejado de usar el comedor escolar por no poder costearlo
Con las heridas de la pandemia aún abiertas, los hogares en España afrontan ahora una nueva crisis, esta vez de tipo inflacionaria, derivada principalmente de la guerra en Ucrania. El conjunto de la sociedad se está viendo afectada por el encarecimiento del coste de la vida. Los recibos aumentan y cada vez cuesta más llenar la nevera y pagar las facturas. Frente a este nuevo contratiempo, tres de cada diez hogares en España (31,5%) no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas. Así se desprende del informe “El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo”, presentado este jueves por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Thomas Ubrich, miembro del equipo técnico de la Fundación FOESSA.
Los hogares con graves dificultades para satisfacer sus necesidades básicas se encuentran, sobre todo, entre los que viven en alquiler, hogares con presencia de niños y niñas en edad de estudiar, personas con discapacidad o situación de dependencia, la existencia de deudas, la ausencia de ingresos estables y el desempleo de alguno o todos los miembros activos del hogar. Es crucial, además, considerar la brecha de género y el conjunto de dificultades añadidas que soportan los hogares encabezados por una mujer sola con la responsabilidad exclusiva de la crianza de los niños.
Las partidas de gastos esenciales –vivienda, alimentación y transporte–, que son los capítulos del gasto a los que las familias están dedicando la mayor parte de sus ingresos, son precisamente los que están soportando el mayor incremento de los precios. Así la inflación correspondiente a los gastos en vivienda y suministros (agua, luz, gas) alcanzaba en junio de 2022 el 19%, al igual que la partida de transporte. Por su parte, el crecimiento de los precios de la alimentación superaba el 13%. Más de 80 de cada 100 euros La inflación constante de los últimos meses y la acusada incidencia de la misma en estos tres grupos de gastos está dibujando un escenario especialmente preocupante para las familias con menos recursos.
La incertidumbre generada por la guerra en Ucrania, la evolución de los costes energéticos y las cifras de inflación observadas en los últimos meses han incrementado aún más el riesgo de enquistamiento o cronificación de estas situaciones de exclusión social.
Siete de cada diez hogares vulnerables han renunciado o han reducido sus gastos en ropa y calzado y casi la mitad han recortado el presupuesto familiar en alimentación hasta el punto de que una cuarta parte de ellos no puede llevar la dieta especial que necesita por cuestiones médicas o que el 18% de hogares con niños ha dejado de usar el comedor escolar por no poder costearlo (casi medio millón de hogares con niños a cargo).
La luz o el gas son gastos ineludibles, sobre todo, si el hogar integra menores de edad o personas dependientes. No obstante, seis de cada diez hogares han reducido el consumo de electricidad, agua o calefacción, y un 22% ha pedido ayudas para pagar sus suministros.
Pese a los riesgos evidentes para la salud, una tercera parte de los hogares con graves dificultades, renunció a tener un accesorio sociosanitario que necesitaba (prótesis, gafas, audífonos), y el 14% dejó de comprar algún medicamento por cuestiones económicas. Es incuestionable que estas estrategias no son inocuas en la vida de las personas y familias que las tienen que activar. No son decisiones, sino imposiciones marcadas por la privación, estrategias de supervivencia con consecuencias negativas directas.
De nuevo desde FOESSA y Cáritas apelamos a más justicia social y a trabajar por el bien común empezando por los sectores más vulnerables de la sociedad.
Frente a esta situación, Cáritas Española considera necesario que las políticas públicas aborden la pobreza y la desigualdad desde una doble perspectiva: rescatando a las familias que más están sufriendo, pero también perfeccionando el sistema de protección social a largo plazo. Parece claro que las políticas sociales han de complementar los ingresos de los hogares cuando estos no son suficientes, facilitar el acceso a puestos de trabajo estables y de calidad de modo que se evite la precariedad laboral, y promover el acceso a una vivienda digna y adecuada, mediante una política pública de vivienda. También las políticas de inversión en sanidad, educación y atención a la dependencia resultan fundamentales para que los hogares en situación de carencia no se vean en una trampa de pobreza en la que las estrategias que se ven obligados a implementar en el corto plazo limitan su capacidad de salir de la pobreza en el medio y largo plazo.
