> Un artículo de María Adell y Concha Carrasco
> Delegación Diocesana de Migraciones
Casi el 60% de los españoles, según sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas, se muestra convencido de que los migrantes reciben del Estado más de lo que aportan: absorben más prestaciones sociales (pensiones y desempleo, son buenos ejemplos), abusan de la sanidad pública, bajan el nivel educativo... Y creen, además, que la balanza no se compensa porque se piensa que la gran mayoría de los migrantes no cotizan a la Seguridad Social y no pagan impuestos. Estas afirmaciones son muy severas y muy alejadas de la realidad…
Ayudas sociales
Comencemos por las ayudas sociales. El acceso a los servicios sociales es un derecho que depende de la situación socioeconómica personal o familiar y no de la nacionalidad española. Hay que aclarar que las personas extranjeras apenas representan el 1% de los beneficiarios de pensiones en España y más de la mitad de ese porcentaje proceden de la Unión Europea.
En la provincia de Guadalajara, de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo tan solo un 17% eran extranjeros en el año 2017 (un total de 1457 personas), de los cuales casi el 50% lo fueron porque habían cotizado a la Seguridad Social el tiempo suficiente para tener derecho a esta prestación. La proporción es mucho más baja si se trata de la Renta Mínima de Inserción: solo el 1,3% de los beneficiarios es extranjero.
Sanidad
Continuemos con la sanidad (derecho universal). La población extranjera tiene una media de edad inferior a la población de la provincia de Guadalajara, y es un hecho que las consultas médicas son frecuentadas en mayor medida por población de edades avanzadas. De hecho, el gasto sanitario de personas extranjeras sólo supone un 6,5%.
Educación
Y finalicemos con la educación, otro derecho universal de todo ser humano. Los bajos resultados académicos y el fracaso escolar no dependen de la procedencia de la persona, sino de su situación socioeconómica y el nivel educativo familiar, además de factores como la incorporación tardía al sistema educativo o el desconocimiento del idioma.
La presencia de la población escolar inmigrante favorece la interculturalidad y varias de las competencias clave presentes en la LOMCE (competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales). Según las estadísticas del Ministerio de Educación, en Educación Infantil, Primaria y Secundaria hay 700 000 alumnos inmigrantes, frente a los algo más de 8 millones de alumnos nativos españoles, por lo que solo representan el 7% del alumnado, porcentaje similar en la provincia de Guadalajara.
¿Por qué, si los datos van en dirección contraria a las percepciones, seguimos culpabilizando a la persona migrante? ¿Será que necesitamos un chivo expiatorio al que odiar? Seamos optimistas en la respuesta, porque «nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su historia o religión. La gente aprende a odiar. Y, si pueden aprender a odiar, pueden aprender a amar, pues el amor le resulta más natural al corazón humano» (Nelson Mandela).
