Por Santiago Moranchel
(Delegación de Enseñanza)
La actual ministra de educación, en funciones, ha manifestado hoy, 14 de Noviembre, durante su participación en el encuentro de Escuelas Católicas, lo siguiente: "De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos de elegir centro formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución".
A continuación mostramos algunos argumentos sobre lo que la señora ministra ha manifestado hoy.
- Vayamos al artículo 27 de la Constitución.
Constitución española de 1978.
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades.
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
Artículo 27
- Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
- Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
- La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
- Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
- Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
- Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
- Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
- Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
- Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
- ¿En que se apoyaba la ministra? “De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981”.
Esta sentencia versa sobre una ley educativa, la LOECE, que no llegó a implantarse. Además, el fallo sí reconoce el derecho a la elección de centro aunque no explícitamente (a sensu contrario). Dice que los centros públicos tienen que ser “neutros” porque aquellos padres que “por decisión libre o forzados por las circunstancias” no han podido elegir centro no tienen por qué sufrir “una orientación ideológica determinada y explícita”.
El Ministerio de Educación envió un comunicado en el que especifica que la señora ministra se centra en otro apartado de la sentencia que dice que “el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente”.
Tras la sentencia de 1981, el Constitucional ha ido enriqueciendo en sucesivas sentencias la interpretación sobre la libertad de elección de centro. La última, del 10 de abril de 2018 señala que existe una “indudable interacción” entre el derecho a establecer un ideario propio de los centros “con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos”.
También se pronunció al respecto el Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, en una sentencia del 25 de mayo de 2016.
En cuanto a la libertad de enseñanza religiosa que la señora ministra también niega que exista en el artículo 27, está reconocida en su apartado 3.
¡ Y esto no ha hecho más que empezar!
Como decía ayer el famoso locutor de la COPE, Carlos Herrera, “nos esperan muchos días de gloria”.
